Se firma el Acuerdo de Viernes Santo en Belfast

El 10 de abril de 1998, al término de unas negociaciones multipartitas en Stormont, en Belfast, se anunció el Acuerdo de Viernes Santo, también conocido como Acuerdo de Belfast. El texto reunió a la mayoría de los principales partidos políticos de Irlanda del Norte junto con los gobiernos británico e irlandés, y propuso un nuevo marco institucional tras décadas de conflicto conocidas como los Troubles. Su objetivo no era borrar de inmediato las diferencias entre unionistas, nacionalistas y otras corrientes políticas, sino establecer reglas compartidas para gobernar, cooperar y gestionar desacuerdos por medios políticos.

La dificultad de llegar a ese punto era considerable. Durante años, Irlanda del Norte había vivido una combinación de violencia política, desconfianza entre comunidades y repetidos desacuerdos sobre su estatus constitucional y su forma de gobierno. El reparto de poder había fracasado ya en la década de 1970, y cualquier nuevo arreglo debía responder a cuestiones especialmente delicadas: cómo compartir instituciones entre adversarios, cómo reconocer aspiraciones nacionales opuestas y cómo encajar el papel de Londres y Dublín en un mismo esquema.

Las conversaciones que desembocaron en el acuerdo estuvieron presididas por el senador estadounidense George J. Mitchell, cuya figura fue importante como mediador y como referencia de procedimiento. Su labor consistió menos en imponer una solución que en mantener una estructura de diálogo capaz de sostener negociaciones largas y difíciles. En torno a la mesa estaban dirigentes con electorados distintos y, en muchos casos, con fuertes presiones internas. Tony Blair, primer ministro británico, y Bertie Ahern, taoiseach irlandés, dieron respaldo político desde sus respectivos gobiernos. Entre los líderes norirlandeses, nombres como David Trimble, John Hume, Gerry Adams y Seamus Mallon representaban tradiciones políticas diferentes, con prioridades y límites también distintos. Mo Mowlam, como secretaria de Estado para Irlanda del Norte, desempeñó igualmente un papel relevante en la fase final.

El acuerdo anunciado aquel viernes no era un solo gesto simbólico, sino un conjunto detallado de arreglos. Uno de sus elementos centrales fue la creación de una Asamblea de Irlanda del Norte con base devolutiva, acompañada de un ejecutivo sustentado en el reparto de poder. El principio subyacente era que una sociedad dividida no podía ser gobernada de forma estable si uno de sus grandes bloques políticos quedaba permanentemente excluido. Por eso, el texto buscó combinar representación democrática con mecanismos de cooperación obligatoria entre partidos.

Otro punto esencial fue el principio de consentimiento constitucional. El acuerdo reconocía que el estatus de Irlanda del Norte no cambiaría sin el consentimiento de una mayoría de su población. Al mismo tiempo, daba cabida a la identidad británica, irlandesa o ambas, y vinculaba esa cuestión constitucional a procedimientos democráticos en lugar de a la fuerza. En la práctica, este lenguaje intentaba ofrecer una base aceptable para comunidades con relatos históricos y objetivos políticos diferentes.

El texto también estableció instituciones de cooperación Norte-Sur entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, así como estructuras Este-Oeste entre los gobiernos y administraciones de las islas británicas e irlandesas. De ese modo, el acuerdo no se limitaba a la política interna norirlandesa. Reconocía que muchos de los problemas discutidos durante décadas tenían una dimensión regional más amplia y requerían canales formales de trabajo conjunto.

Las concesiones necesarias para cerrar el pacto fueron políticamente arriesgadas. Entre los asuntos incluidos estaban la organización institucional, cuestiones de seguridad y policía, y el tema especialmente controvertido de la liberación anticipada de presos en determinadas condiciones. Cada uno de esos apartados generaba reservas en distintos sectores. Para los negociadores, el riesgo era claro: respaldar un compromiso complejo podía provocar rechazo dentro de sus propias bases. Pero no alcanzar un acuerdo también tenía un costo evidente: seguir sin un marco compartido para el autogobierno y la cooperación.

Junto al Acuerdo de Belfast propiamente dicho, los gobiernos británico e irlandés firmaron el mismo 10 de abril de 1998 un acuerdo bilateral vinculado al arreglo político. Esa dimensión intergubernamental fue importante porque daba respaldo formal al nuevo marco y conectaba lo pactado en las conversaciones multipartitas con compromisos entre los dos Estados. El proceso, por tanto, combinó negociación entre partidos con entendimientos entre gobiernos.

La siguiente prueba llegó pocas semanas después. El 22 de mayo de 1998 se celebraron referendos tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda sobre el acuerdo y sobre los cambios constitucionales relacionados con él. Los votantes aprobaron el nuevo marco, lo que añadió legitimidad democrática al pacto. Más tarde, la Ley de Irlanda del Norte de 1998 dio efecto jurídico en el derecho del Reino Unido a partes fundamentales del acuerdo y recibió la sanción real el 19 de noviembre de ese año.

Nada de esto significó que todos los desacuerdos desaparecieran. La aplicación del acuerdo fue compleja y, con el tiempo, sufrió interrupciones, crisis institucionales y disputas sobre su interpretación. Sin embargo, el hecho decisivo del 10 de abril de 1998 fue que las partes lograron definir un terreno político común suficientemente amplio para sustituir, al menos como marco oficial, la lógica del enfrentamiento por la de la negociación.

Por qué sigue importando

El Acuerdo de Viernes Santo sigue siendo una referencia porque mostró una forma concreta de diseñar instituciones para una sociedad políticamente dividida. En lugar de exigir que una sola tradición impusiera su visión, propuso reglas para compartir el poder, reconocer identidades distintas y tratar asuntos constitucionales mediante consentimiento democrático. Ese enfoque ha sido estudiado mucho más allá de Irlanda del Norte.

También importa por la manera en que combinó varias fuentes de legitimidad. Surgió de conversaciones entre partidos, fue acompañado por un acuerdo entre los gobiernos británico e irlandés y después recibió aprobación popular en referendos. Esa estructura ayudó a sostener el arreglo en distintos niveles: político, jurídico e institucional.

Por último, su legado sigue siendo visible en la vida pública de Irlanda del Norte. La Asamblea, el ejecutivo devolutivo y los organismos de cooperación transfronteriza proceden de ese marco. Aunque su funcionamiento haya atravesado periodos difíciles, la arquitectura creada en 1998 continúa organizando gran parte de la política regional y ofreciendo un vocabulario compartido para discutir cambios, reformas y desacuerdos.

La firma en Belfast no cerró de una vez por todas todas las preguntas abiertas por el conflicto, pero sí estableció un método para tratarlas. Esa combinación de compromiso, procedimiento y legitimidad pública explica por qué aquel acuerdo sigue ocupando un lugar central en la historia política contemporánea de estas islas.