Kennedy promulgó la Ley de Igualdad Salarial en Estados Unidos

Firma de la Equal Pay Act por John F. Kennedy en Washington, D.C., en 1963

El 10 de junio de 1963, en Washington, D.C., el presidente John F. Kennedy promulgó la Equal Pay Act, la Ley de Igualdad Salarial de Estados Unidos. La norma, aprobada como Pub. L. 88-38, modificó la Fair Labor Standards Act de 1938 para prohibir que los empleadores cubiertos por esa legislación pagaran a empleados de un sexo menos que a empleados del otro por un trabajo igual en el mismo establecimiento, con determinadas excepciones. No resolvía todas las desigualdades del mercado laboral, pero sí incorporaba un nuevo criterio federal en un terreno donde las diferencias salariales entre hombres y mujeres llevaban mucho tiempo arraigadas.

La importancia del momento no estaba solo en la firma presidencial, sino en la forma jurídica elegida. En vez de crear un sistema completamente nuevo, el Congreso insertó la nueva regla dentro de una ley laboral ya existente. Esa decisión le dio a la medida un marco institucional conocido, pero también la dejó sujeta a los límites de cobertura propios de la Fair Labor Standards Act. La ley no partía de una transformación general del empleo en Estados Unidos; actuaba sobre un problema concreto dentro de una estructura regulatoria ya establecida.

Durante años, en muchos empleos cubiertos por la legislación federal, las prácticas salariales habían tratado como normal que mujeres y hombres cobraran de forma distinta aun cuando realizaban tareas equivalentes. Esa situación no era uniforme en todos los sectores ni afectaba de la misma manera a todas las trabajadoras, pero era lo bastante extendida como para convertirse en un asunto nacional. La cuestión para los responsables políticos no era solo si la desigualdad existía, sino si el gobierno federal debía intervenir de manera explícita para fijar un estándar salarial basado en el sexo.

En la administración Kennedy, una de las voces más visibles a favor de esa intervención fue Esther Peterson, secretaria adjunta de Trabajo y directora de la Women's Bureau. Peterson defendió públicamente una legislación federal de igualdad salarial y ayudó a convertir una reivindicación impulsada por activistas y reformadores laborales en una propuesta de política nacional. Su papel fue importante porque conectó la experiencia cotidiana de la discriminación salarial con el lenguaje técnico de la legislación laboral y con los canales formales del gobierno federal.

Ese impulso reformista coincidió con un momento de revisión más amplia de la situación de las mujeres en la vida pública y económica del país. La Presidential Commission on the Status of Women, creada durante la presidencia de Kennedy, publicó en 1963 su informe *American Women*. Entre sus recomendaciones figuraba el respaldo a medidas contra la discriminación salarial. El informe no sustituyó el proceso legislativo, pero contribuyó a dar legitimidad institucional a un debate que ya estaba en marcha y ofreció un marco oficial para tratar la desigualdad de remuneración como una cuestión de política pública, no solo como una suma de casos individuales.

El debate en el Congreso tuvo lugar dentro de límites precisos. Quienes apoyaban la ley querían introducir un principio claro: a trabajo igual, igual salario, al menos en los lugares de trabajo cubiertos por la legislación correspondiente. Quienes se oponían o buscaban restringirla advertían sobre la carga regulatoria para las empresas y discutían hasta qué punto el gobierno federal debía intervenir en decisiones salariales. Como ocurría con frecuencia en la legislación laboral de la época, el resultado fue una norma concreta y delimitada, no una prohibición general de todas las formas posibles de discriminación en el empleo.

Eso explica por qué el texto aprobado se concentró en la comparación salarial por trabajo igual dentro del mismo establecimiento y admitió excepciones específicas. La ley no prometía borrar de inmediato la disparidad económica entre hombres y mujeres en todo el país. Lo que hacía era crear una base jurídica federal para impugnar ciertas diferencias salariales cuando estas se sustentaban en el sexo y se daban en condiciones definidas por la propia norma. Esa precisión legal fue una fortaleza y, al mismo tiempo, una limitación.

Tras su aprobación por el Congreso, la firma de Kennedy convirtió la iniciativa en ley federal. La entrada en vigor no fue inmediata: la norma empezó a aplicarse el 11 de junio de 1964, un año después de su promulgación. Ese plazo subrayaba que la legislación no era un gesto simbólico aislado, sino una modificación del sistema regulatorio que requería implementación dentro de las instituciones laborales existentes.

Por qué sigue importando

La Equal Pay Act sigue siendo relevante porque estableció un estándar federal específico para examinar prácticas salariales en lugares de trabajo cubiertos. Antes de eso, la capacidad de cuestionar diferencias de pago por razón de sexo a nivel nacional era mucho más limitada y dispersa. La ley dio a los conflictos salariales un punto de referencia concreto dentro del derecho laboral estadounidense.

También importa por la arquitectura legal que adoptó. Al incorporarse a la Fair Labor Standards Act, la igualdad salarial quedó vinculada a mecanismos ya existentes de la legislación laboral federal. Esa inserción facilitó su aplicación dentro de un marco institucional conocido, pero también dejó claro que la medida tenía fronteras definidas: dependía de la cobertura de esa ley, de la interpretación de “trabajo igual” y de las excepciones previstas en el texto.

Además, la historia de esta norma ayuda a entender el desarrollo posterior del derecho antidiscriminatorio en Estados Unidos. La Equal Pay Act no sustituyó las leyes que llegarían después, como el Título VII de la Civil Rights Act de 1964; convivió con ellas. Su enfoque era más estrecho y técnico, centrado en la remuneración por trabajo igual, mientras que la legislación posterior abordó la discriminación en el empleo de forma más amplia. Vista en perspectiva, la ley de 1963 fue una pieza concreta dentro de una transformación legal más extensa, y precisamente por eso sigue siendo un punto de referencia para comprender cómo se construyen, paso a paso, los estándares de igualdad en el trabajo.

Recordar la firma del 10 de junio de 1963 no significa imaginar un cambio instantáneo ni completo. Significa reconocer el momento en que una práctica laboral largamente discutida pasó a ser objeto de una regla federal explícita. En esa transición, de una desigualdad tolerada a una norma susceptible de ser impugnada, reside buena parte de su lugar en la historia jurídica y laboral de Estados Unidos.