La ONU adopta la Agenda 2030 y los ODS

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en Nueva York la resolución titulada *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Aprobada por los 193 Estados miembros durante el septuagésimo período de sesiones, la agenda estableció un marco común de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas para orientar políticas públicas y cooperación internacional hasta el año 2030.

Tras los Objetivos del Milenio

La adopción fue el resultado de un proceso diplomático amplio y complejo. Los Estados debían acordar un solo texto capaz de reunir prioridades distintas: crecimiento económico, reducción de la pobreza, salud, educación, igualdad, protección ambiental e instituciones de cooperación. El reto no consistía solo en enumerar aspiraciones compartidas, sino en convertirlas en un lenguaje político aceptable para países con realidades, capacidades y prioridades muy diferentes.

La sesión tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas, dentro de una cumbre dedicada a la agenda de desarrollo posterior a 2015. En ese momento, Ban Ki-moon era secretario general de la organización, y Mogens Lykketoft presidía el septuagésimo período de sesiones de la Asamblea General. Entre las figuras institucionales del proceso también destacó Amina J. Mohammed, asesora especial del secretario general para la planificación del desarrollo posterior a 2015, que había participado en la articulación del marco negociado.

La Agenda 2030 no surgió de la nada. Durante los años anteriores, la comunidad internacional había trabajado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados en 2000, que ayudaron a concentrar la atención en indicadores concretos de desarrollo. Pero aquel marco era más limitado en su alcance y estaba más centrado en ciertos países y sectores. Con el paso del tiempo se hizo evidente que cuestiones como el cambio climático, las desigualdades dentro de los países, los patrones de consumo, la gobernanza y la sostenibilidad ambiental requerían un planteamiento más amplio y más integrado.

Negociar un texto universal

Otro antecedente importante fue la conferencia Río+20 de 2012, cuyo documento final, *El futuro que queremos*, impulsó la elaboración de nuevos objetivos sostenibles. A partir de ahí se abrió una fase de negociaciones y consultas que se intensificó en 2014 y 2015. El objetivo era diseñar un marco universal: no una lista de compromisos para un grupo de países, sino una agenda aplicable a todos los Estados miembros.

Ese carácter universal fue una de las decisiones más importantes del acuerdo. Los Estados miembros optaron por respaldar una agenda común con metas definidas en lugar de adoptar compromisos separados o más estrechos. La idea de universalidad cambió el tono del documento. Ya no se trataba solamente de desarrollo entendido como asistencia o cooperación en un sentido tradicional, sino de un conjunto de objetivos que también interpelaba a economías avanzadas, instituciones multilaterales, autoridades locales y organizaciones sociales.

Diecisiete objetivos, 169 metas

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible abarcan un campo muy amplio. Incluyen la erradicación de la pobreza y el hambre, la salud, la educación, la igualdad de género, el acceso al agua, la energía, el trabajo decente, la innovación, la reducción de las desigualdades, las ciudades sostenibles, el consumo y la producción responsables, la acción climática, la protección de la vida submarina y terrestre, la paz institucional y las alianzas para lograr los objetivos. Las 169 metas asociadas buscaban traducir esos grandes temas en puntos de referencia más concretos.

En términos diplomáticos, el logro principal fue el consenso. Las negociaciones podían haber terminado sin un acuerdo claro sobre la estructura del texto, el número de objetivos o la manera de vincular prioridades económicas, sociales y ambientales. Sin embargo, la Asamblea General consiguió adoptar un documento único que ofrecía una arquitectura reconocible y reutilizable. Esa estructura numerada sería una de las razones de su posterior difusión.

La resolución no resolvía por sí sola los problemas que describía. Tampoco garantizaba resultados automáticos. Lo que sí hacía era crear un marco común para hablar de desarrollo sostenible con una terminología compartida. Gobiernos, organismos de la ONU, bancos de desarrollo, universidades, fundaciones y organizaciones no gubernamentales podían referirse a los mismos objetivos y metas, medir avances con indicadores comparables y ordenar programas bajo un esquema reconocible.

Un marco que las instituciones siguen usando

La adopción de septiembre de 2015 también se produjo en un año especialmente activo para la diplomacia multilateral. Unos meses más tarde, en diciembre, los Estados aprobarían el Acuerdo de París sobre cambio climático. Aunque se trató de procesos distintos, ambos reflejaron un momento de intensa elaboración de marcos internacionales orientados a coordinar políticas a largo plazo.

Con el tiempo, la Agenda 2030 pasó a formar parte del funcionamiento habitual de muchas instituciones. Informes nacionales, estrategias ministeriales, presupuestos programáticos, planes urbanos y documentos de cooperación comenzaron a incorporar la referencia a los ODS. En el sistema de la ONU, el seguimiento se articuló también a través de mecanismos de presentación de informes y exámenes nacionales voluntarios en el Foro Político de Alto Nivel.

Por qué sigue importando

La importancia duradera de la Agenda 2030 no reside solo en sus principios generales, sino en su formato. Al presentar el desarrollo sostenible como una serie de objetivos numerados y metas asociadas, el acuerdo ofreció una herramienta de clasificación y medición. Eso permitió que actores muy distintos trabajaran con una referencia común, incluso cuando sus recursos, competencias o prioridades no eran iguales.

Ese marco compartido ha influido en la manera en que se redactan informes, se diseñan indicadores y se justifican políticas públicas. También ha facilitado comparaciones entre países y entre sectores, aunque esas comparaciones siempre dependan de la calidad de los datos y de las decisiones políticas de cada gobierno. En otras palabras, la agenda ayudó a convertir prioridades amplias en un lenguaje administrativo y estadístico más estandarizado.

La adopción de 2015 también muestra una función central de las instituciones internacionales: transformar aspiraciones generales en textos negociados que puedan circular, citarse y aplicarse de forma relativamente uniforme. El consenso alcanzado en Nueva York no eliminó desacuerdos sobre financiación, responsabilidades o ritmos de implementación, pero sí estableció un punto de referencia estable para la cooperación internacional.

A una década de distancia, la Agenda 2030 sigue siendo una de las expresiones más reconocibles del lenguaje global del desarrollo. Su influencia se percibe menos como un acontecimiento aislado que como una gramática común: una forma de organizar prioridades, fijar metas y hacer visible, al menos sobre el papel, qué intenta lograr la comunidad internacional y cómo pretende medirlo.